Basta de palabras vacías. España necesita acción urgente. Aquí está nuestro plan.

La crisis habitacional no es teoría; es el llanto de una madre que no puede pagar la renta, el silencio de un jubilado desahuciado, la rabia de jóvenes que nunca podrán tener casa. Mientras hablamos, la gente sufre. Mientras esperamos, familias se quiebran.

Desde SOS Vivienda exigimos medidas concretas, ahora, que demuestren que las administraciones públicas y la clase política aún creen en España:

I. MEDIDAS INMEDIATAS DE PROTECCIÓN 

1. Moratoria de Desahucios por Vulnerabilidad

• Prohibición total de desahucios a familias con menores, mayores de 65 años, personas con discapacidad grave, o quienes no tengan alternativa habitacional.
• Penas penales para ejecutores que incumplan.
• Porque nadie debe morir en la calle mientras existan casas vacías.

2. Tasa sobre Vivienda Vacía del 50% anual

• Todo propietario que mantenga vivienda vacía más de 3 años paga el 50% del valor catastral como impuesto anual.
• Tras 5 años,  inicio expropiación social con indemnización reducida.
• Excepciones solo para herencias en trámite o imposibilidad acreditada.
• Casas vacías son munición contra la gente. Las vaciaremos.

3. Prohibición de Fondos Buitre en Vivienda Residencial

• Limitación legal de compra de viviendas primarias a fondos de inversión extranjeros.
• Imposición fiscal confiscatoria (75%) a transacciones especulativas de vivienda en menos de 3 años.
• La vivienda no es activo financiero; es hogar. Y los hogares son sagrados.

II. ACTIVACIÓN DE SUELO PÚBLICO 

4. Decreto de Movilización de Suelo Público

• Cada municipio debe inventariar TODOS sus suelos públicos en 30 días.
• Mínimo 40% de ese suelo destinado a vivienda protegida en 6 meses.
• Sanciones económicas graves (15% del presupuesto municipal) por incumplimiento.
• El suelo público es de todos. Debe servir a todos.

5. Plan Estatal de Vivienda Cooperativa Masiva

• Inversión estatal de 5.000 millones anuales durante 10 años en suelo y financiación para cooperativas de cesión de uso.
• Financiación a tasa 1% para proyectos con más de 50 viviendas.
• Target: 50.000 nuevas viviendas cooperativas anuales.
• Las cooperativas funcionan. Hace falta dinero y decisión política. Que la haya.

6. Cesión de Suelo a Asociaciones de Demandantes y Movimientos Sociales

• Entrega sin coste de parcelas públicas a asociaciones de vivienda y gestoras de cooperativas que puedan gestionar los demandantes para ellas.
• Usufructo perpetuo a cambio de garantizar acceso permanente a vivienda protegida.
• Quienes luchan por la gente deben tener herramientas para seguir luchando.

III. REGULACIÓN URGENTE DEL MERCADO INMOBILIARIO 

7. Control de Precios de Alquiler

• Limitación de incrementos anuales máximo al IPC + 1%.
• Prohibición de aumentos durante los primeros 2 años de contrato.
• Para inquilinos vulnerables: congelación de renta durante 2 años.
• El derecho a la vivienda no puede estar supeditado a la especulación.

8. Obligación de Vivienda Protegida en Nuevas Promociones

• Mínimo 40% de toda nueva construcción destinada a vivienda protegida.
• Mínimo 50% para cesión de uso cooperativa, resto la administración, nada de fondos o corporaciones. 
• Financiación pública para asegurar viabilidad de la cooperativa.
• No más ciudades  SOLO de ricos. Queremos ciudades para TODOS.

9. Regulación de Plataformas Turísticas (Airbnb, Booking, etc.)

• Prohibición de promoción o cambio de uso destinado a  alquileres turísticos en zonas de emergencia habitacional.
• Licencias limitadas en ciudades con menos de 5 años de vivienda disponible.
• Impuesto del 45% sobre ingresos obtenidos en viviendas de con uso turístico, de particulares sin empleados o autónomos sin ser domicilio propio. 

IV. FORTALECIMIENTO DE AGENTES SOCIALES 

10. Reconocimiento Oficial de Gestoras de Cooperativas

• Agilizar trámites de reconocimiento como Agentes Sociales válidos ante Ministerios y Consejerías.
• Asiento permanente en todas las mesas de decisión sobre vivienda.
• Presupuesto estatal de 100 millones anuales para fortalecer capacidades técnicas y jurídicas.
• Las gestoras y las cooperativas saben cómo hacer esto. Dejadles trabajar con recursos.

11. Registro Público Vinculante de Demandantes

• Obligación legal para ayuntamientos de mantener registros actualizados.
• Derecho de prioridad absoluta para inscritos en adjudicaciones de vivienda protegida.
• Auditoría estatal trimestral de cumplimiento.
• Quienes esperan tienen derecho a ser escuchados. Y a que se les cumpla.

12. Fondos de Ayuda Legal para Demandantes

• 200 millones anuales para asesoría jurídica gratuita en conflictos habitacionales.
• Defensa de derechos frente a desahucios, discriminación, abuso de poder.
• La justicia también es un derecho. Nadie debe luchar solo.

V. REFORMAS ESTRUCTURALES 

13. Nueva Ley Estatal de Derecho a la Vivienda

• Reconocimiento explícito de la vivienda como derecho humano fundamental.
• Obligaciones claras y sanciones para administraciones incumplidoras.
• Garantía de acceso a vivienda para todas las personas, independientemente de renta.
• Que no quede duda: la vivienda es un derecho, no un producto.

14. Plan Nacional de Rehabilitación y Vivienda Vacía

• 30.000 millones en 10 años para rehabilitar viviendas.
• Compra estatal de viviendas vacías con expropiación forzosa tras 5 años de no ponerlas en el mercado de alquiler, que debe estar regulado así como la gestión de los inquilinos, en caso de vulnerabilidad, el estado debe garantizar al casero el cumplimiento de rentas hasta el traslado a uno de protección oficial o que pueda asumir nuevamente la renta regulada
• Meta: poner en circulación 1 millón de viviendas en 10 años.
• Hay casas. Hay dinero. Solo falta la decisión.

15. Creación de Empresa Pública Estatal de Vivienda

• Promotora pública que construya 100.000 viviendas anuales en régimen de alquiler protegido perpetuo.
• Precios máximos: coste asociados con modelos de financiación a largo plazo por parte de las administraciones o de las cooperativas, el coste debe marcar el precio. El estado no puede obtener beneficio del alquiler social ni debe permitirlo del alquiler de vivienda protegida, eso eliminaría la falsa colaboración publico privada actual, eliminando la competencia desleal de los fondos de inversión, es decir inversores, la vivienda pública y lo público no pueden ser inversión, el problema es el USO DE RECURSOS PÚBLICOS PARA QUE LA VIVIENDA PÚBLICA SEA INVERSIÓN RENTABLE PARA LOS FONDOS. . 
• Gestión participativa con movimientos sociales.
• El Estado debe ser promotor de vivienda social, o colaborador de la economía social en su desarrollo, no un especulador.

VI. FISCALIDAD Y FINANCIACIÓN 

16. Reforma Fiscal Sobre Propiedad Inmobiliaria

• Plusvalía municipal obligatoria en todas las transacciones de vivienda.
• IBI progresivo: hasta 3% anual para multipropiedad desocupada.
• Eliminación de beneficios fiscales a fondos de inversión inmobiliarios.
• Quien no comparte la riqueza, debe cederla a través de impuestos justos.

17. Financiación Alternativa

• Bonos de Vivienda Social emitidos por el Estado a tasa preferencial.
• Fondos de pensiones obligados a destinar 5% a financiar vivienda protegida, deben ser parte de la financiación ética..
• Impuesto especial a inmobiliarias con beneficios superiores al 20% anual.
• La financiación existe. Solo hay que redistribuirla justamente.

VII. GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN 

18. Consejos Municipales de Vivienda Vinculantes

• Participación obligatoria de asociaciones de demandantes, cooperativas, sindicatos.
• Sus decisiones son vinculantes para la administración local.
• Presupuesto mínimo: 5% del presupuesto municipal.
• Quienes viven la crisis deben decidir las soluciones.

19. Rendición de Cuentas Estricta

• Auditoría trimestral de cumplimiento de objetivos de vivienda protegida.
• Publicación de datos en open data: metros de suelo, inversión, viviendas construidas.
• Responsabilidad penal para políticos que desvíen fondos de vivienda.
• La transparencia mata la corrupción.

20. Educación y Sensibilización

• Campañas nacionales sobre derecho a la vivienda.
• Formación obligatoria en escuelas sobre cooperativismo y vivienda social.
• Documentales y contenido audiovisual que visibilice la crisis y las soluciones.
• Cada generación debe saber: la vivienda digna es un derecho no negociable.

PRESUPUESTO TOTAL ANUAL: 25.000 millones

Invertir lo equivalente al 2% del PIB. Menos de lo que gastamos en ineficiencia administrativa, corrupción o intereses de deuda pública.

¿Es mucho? No. Es lo mínimo que puede gastar una nación que se respeta a sí misma.

MENSAJE FINAL A LAS ADMINISTRACIONES Y LA CLASE POLÍTICA

No es suficiente reconocer la crisis. Es hora de resolverla.

No es suficiente hablar de solidaridad. Es hora de implementarla.

No es suficiente prometer vivienda. Es hora de garantizarla.

Desde SOS Vivienda les decimos: estas medidas son viables, legales, necesarias y urgentes. No son revolucionarias; son de sentido común. No son imposibles; son obligatorias.

Tenemos suelo, tenemos dinero, tenemos modelos que funcionan (las cooperativas lo prueban cada día). Lo único que falta es voluntad política y coraje para hacer lo correcto.

Cada día que espera es un hogar menos, una familia rota, una generación sin futuro.

Exigimos que actúen. Ahora. Sin excusas. Con determinación.

Porque la vivienda digna no es caridad. Es justicia. Es derecho. Es obligación.